El proyecto de investigación minera de Valdeflorez, anulado por omisión del trámite de participación pública, vuelve a salir a información publica cuando las labores de investigación ya se han realizado. ACIMA ha argumentado en sus alegaciones que la única salida legal al procedimiento es el archivo y se pregunta cual es la salida a esta pretendida mina de litio a las puertas de Cáceres.
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Pese a que el Convenio de Aarhus marca el camino de cómo lograr una participación pública real y efectiva en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente parece que nuestros poderes públicos le tuvieran miedo y se quedan en los mínimos exigibles a la hora de regularla, aplicarla y exigirla, rebajándola a una mera formalidad, un trámite más.