Ya puedes acceder a nuestro boletín mensual con contenidos como el proyecto de “Pacto internacional para la protección de los derechos humanos y el medio ambiente”, la “Lista actualizada de los lugares de interés comunitario de la región biogeográfica atlántica”, un caso de contaminación del aire ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la importancia del científico ambientalista independiente en el derecho ambiental.
La Coalición Pro Acceso, en la que ACIMA está integrada, ha remitido hoy una CARTA dirigida a la Ministra de Política Territorial y Función Púbica, poniéndole de manifiesto la importancia de la transparencia y el acceso a la información en la situación actual de pandemia y solicitando medidas urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a obtener y acceder a información fiable, contrastada y objetiva.
Accede a nuestro boletín de novedades legislativas, de jurisprudencia e informes que hemos seleccionado de entre lo que se ha publicado en el mes de marzo, relativas a residuos, cambio climático, urbanismo, derecho al árbol, derecho al agua, derecho a un medio ambiente sano, entre otros.
GREEN DRINKS (“bebedores verdes”)
GREEN DRINKS: Irene (meteoróloga) y José Manuel (informador ambiental)
¿Qué es? (*)
“Es una red global de reuniones informales de personas interesadas en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Estos encuentros se realizan en más de 700 ciudades del mundo, con el objetivo de conectar a los distintos actores del área mientras comparten una cerveza, charlan e intercambian información y proyectos.
“EN BUSCA DE UNA NUEVA LEY DE MINAS”: en un contexto jurídico de protección del medio ambiente y marcado por el cambio climático.
Consideraciones generales
Es hora de cambiar la ley preconstitucional de minas de 1973, por una que dé lectura actual y transversal a los campos ambiental, social, económico y tecnológico.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, las bases del régimen minero, competencia exclusiva del Estado (según el art. 149.1 apartado 25 de la Constitución Española), deben ajustarse al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 (ratificado por España, BOE núm. 40, de 16 de febrero de 2005).
Conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, la integración en la Unión Europea, a partir del 1 de enero de 1986, nos obligó a tener en cuenta la legislación ambiental europea, considerada la piedra angular de una elevada protección del medio ambiente en Europa.