El proyecto de investigación minera de Valdeflorez, anulado por omisión del trámite de participación pública, vuelve a salir a información publica cuando las labores de investigación ya se han realizado. ACIMA ha argumentado en sus alegaciones que la única salida legal al procedimiento es el archivo y se pregunta cual es la salida a esta pretendida mina de litio a las puertas de Cáceres.
ADENEX y ACIMA abrimos una segunda edición de nuestro Curso de introducción al derecho ambiental básico, E-Law Street, del 14 al 25 de octubre de 2019.
El curso está dirigido a personas interesadas en conocer las herramientas jurídicas para la defensa del medio ambiente, se celebrará de modo presencial pero se podrá seguir en streaming a través de la plataforma Zoom, por aquellos que lo soliciten . Accede aquí al PROGRAMA
Tras asomarnos con ilusión a la nueva composición del gobierno de Extremadura, en la que se crea una Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 
pronto nos hundimos en la desesperanza al comprobar, una vez más, que se juntan bajo el mismo paraguas las funciones de protección y evaluación de impacto ambiental con la de aprobación de los proyectos con incidencia ambiental que se pretenden evaluar. ¿Como podremos confiar los ciudadanos en que nuestros gobernantes cumplirán el mandato constitucional de preservación del medio ambiente y uso racional de los recursos naturales, si el consejero que va a velar por la correcta tramitación de autorización de los proyectos de minería a cielo abierto, es el mismo que ha de velar por la objetividad de su evaluación de impacto ambiental?
Al acto fue invitada la asociación para la comunicación e información medioambiental (Acima), que acudió para participar y tomar buena nota de las intervenciones. Tuvo lugar en la sala de conferencias de la oficina de la representación de la Comisión Europea en España. La jornada estaba dirigida fundamentalmente a abogados y ONGs ambientalistas. Entre los abogados ambientalistas, cabe mencionar a doña Ana Barreira (presidenta del IIDMA), doña Alba Iranzo (IIDMA), don Eduardo Salazar Ortuño (Universidad de Murcia). Del estamento judicial, a don Rafael Fernández Valverde (Magistrado del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso-administrativo, sección 5ª). Y de las ONGs, a Amigos de la Tierra (en la persona de Mariano Reaño), Acima (representada por José Manuel Revidiego), Ecologistas en Acción (Jaime Doreste) y la Red de Abogados para la Defensa Ambiental – Rada -, Antonio Ruiz.
El arbolado urbano no debe ser considerado un simple adorno de nuestras calles, los árboles pueden convertir las degradadas ciudades industriales en entornos soportables y aportar a las mismas beneficios reales, pues reducen el ruido y el polvo de la contaminación atmosférica, crean en las calles pequeños ambientes vitales en los que se encontrarán las aves, favorecen microclimas donde las temperaturas se suavizan…los árboles ciudadanos aportan, además, un bienestar estético y psiquico. Su verdor crea contrastes con las construcciones acercandonos a la naturaleza silvestre y sus paisajes.
Sin embargo, para que todo esto ocurra en buenas condiciones, pues la vegetación urbana está sometida a un mayor estrés, es necesario que los árboles se dispongan y mantengan atendiendo a sus circunstancias y requerimientos específicos del lugar, suelo,especie,clima…
