“EN BUSCA DE UNA NUEVA LEY DE MINAS”: en un contexto jurídico de protección del medio ambiente y marcado por el cambio climático.

“EN BUSCA DE UNA NUEVA LEY DE MINAS”: en un contexto jurídico de protección del medio ambiente y marcado por el cambio climático.

Consideraciones generales

Es hora de cambiar la ley preconstitucional de minas de 1973, por una que dé lectura actual y transversal a los campos ambiental, social, económico y tecnológico.

Desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, las bases del régimen minero, competencia exclusiva del Estado (según el art. 149.1 apartado 25 de la Constitución Española), deben ajustarse al Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 (ratificado por España, BOE núm. 40, de 16 de febrero de 2005).

Conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, la integración en la Unión Europea, a partir del 1 de enero de 1986, nos obligó a tener en cuenta la legislación ambiental europea, considerada la piedra angular de una elevada protección del medio ambiente en Europa.

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La mina de Valdeflorez ¿ante un callejón sin salida?

El proyecto de investigación minera  de Valdeflorez, anulado por omisión del trámite de participación pública, vuelve a salir a información publica cuando las labores de investigación ya se han realizado. ACIMA ha argumentado en sus alegaciones  que la única salida legal al procedimiento es el archivo y se pregunta cual es la salida a esta pretendida  mina de litio a las puertas de Cáceres.

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Nuevo curso E-Law Street 2019


ADENEX y ACIMA abrimos una segunda edición de nuestro Curso de introducción al derecho ambiental básico, E-Law Street, del  14 al 25 de octubre de 2019.
El curso  está dirigido a personas interesadas en conocer las herramientas jurídicas para la defensa del medio ambiente, se celebrará de modo presencial pero se podrá seguir en streaming a través de la plataforma Zoom, por aquellos que lo soliciten . Accede aquí al  PROGRAMA

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Adios a la independencia y objetividad de las evaluaciones de impacto ambiental.

Tras asomarnos con ilusión  a la  nueva composición del gobierno de Extremadura, en la que se crea una Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, pronto nos hundimos en la desesperanza al comprobar, una vez más, que se juntan bajo el mismo paraguas las funciones de protección y   evaluación de impacto ambiental con la de aprobación de los proyectos con incidencia ambiental que se pretenden evaluar. ¿Como podremos confiar los ciudadanos en que nuestros gobernantes cumplirán el mandato constitucional de preservación del medio ambiente y uso racional de los recursos naturales, si el consejero que va a velar por la correcta tramitación  de autorización de los  proyectos de minería  a cielo abierto, es el mismo que ha de  velar por la objetividad de su evaluación de impacto ambiental?

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Acceso a la justicia en asuntos ambientales, tercer pilar del Convenio de Aarhus pendiente

Al acto fue invitada la asociación para la comunicación e información medioambiental (Acima), que acudió para participar y tomar buena nota de las intervenciones. Tuvo lugar en la sala de conferencias de la oficina de la representación de la Comisión Europea en España. La jornada estaba dirigida fundamentalmente a abogados y ONGs ambientalistas. Entre los abogados ambientalistas, cabe mencionar a doña Ana Barreira (presidenta del IIDMA), doña Alba Iranzo (IIDMA), don Eduardo Salazar Ortuño (Universidad de Murcia). Del estamento judicial, a don Rafael Fernández Valverde (Magistrado del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso-administrativo, sección 5ª). Y de las ONGs, a Amigos de la Tierra (en la persona de Mariano Reaño), Acima (representada por José Manuel Revidiego), Ecologistas en Acción (Jaime Doreste) y la Red de Abogados para la Defensa Ambiental – Rada -, Antonio Ruiz.

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