Pese a que el Convenio de Aarhus marca el camino de cómo lograr una participación pública real y efectiva en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente parece que nuestros poderes públicos le tuvieran miedo y se quedan en los mínimos exigibles a la hora de regularla, aplicarla y exigirla, rebajándola a una mera formalidad, un trámite más.