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Boletín jurídico-ambiental Acima de abril

Ya puedes acceder a nuestro boletín mensual con contenidos como el proyecto de “Pacto internacional para la protección de los derechos humanos y el medio ambiente”, la “Lista actualizada de los lugares de interés comunitario de la región biogeográfica atlántica”, un caso de contaminación del aire ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la importancia del científico ambientalista independiente en el derecho ambiental.

La Coalición Pro Acceso pide a las administraciones mas transparencia

La Coalición Pro Acceso, en la que ACIMA está integrada,  ha remitido hoy una   CARTA  dirigida a  la Ministra de Política Territorial y Función Púbica, poniéndole de manifiesto la importancia de la transparencia y el acceso a la información en la situación actual de pandemia y solicitando medidas  urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a obtener y acceder a información fiable, contrastada y objetiva.

Boletín jurídico-ambiental ACIMA de marzo

Accede a nuestro boletín de novedades legislativas, de jurisprudencia e informes que hemos seleccionado de entre lo que se ha publicado en el mes de marzo,   relativas a residuos, cambio climático, urbanismo, derecho al árbol, derecho al agua, derecho a un medio ambiente sano, entre otros.

Nuevo curso E-Law Street 2019


ADENEX y ACIMA abrimos una segunda edición de nuestro Curso de introducción al derecho ambiental básico, E-Law Street, del  14 al 25 de octubre de 2019.
El curso  está dirigido a personas interesadas en conocer las herramientas jurídicas para la defensa del medio ambiente, se celebrará de modo presencial pero se podrá seguir en streaming a través de la plataforma Zoom, por aquellos que lo soliciten . Accede aquí al  PROGRAMA

Adios a la independencia y objetividad de las evaluaciones de impacto ambiental.

Tras asomarnos con ilusión  a la  nueva composición del gobierno de Extremadura, en la que se crea una Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, pronto nos hundimos en la desesperanza al comprobar, una vez más, que se juntan bajo el mismo paraguas las funciones de protección y   evaluación de impacto ambiental con la de aprobación de los proyectos con incidencia ambiental que se pretenden evaluar. ¿Como podremos confiar los ciudadanos en que nuestros gobernantes cumplirán el mandato constitucional de preservación del medio ambiente y uso racional de los recursos naturales, si el consejero que va a velar por la correcta tramitación  de autorización de los  proyectos de minería  a cielo abierto, es el mismo que ha de  velar por la objetividad de su evaluación de impacto ambiental?

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