Pese a que   el Convenio de Aarhus marca el camino de cómo lograr una  participación pública real y efectiva en la toma de decisiones que afectan al  medio ambiente  parece que nuestros poderes públicos le tuvieran miedo y se quedan en los mínimos exigibles a la hora de regularla,  aplicarla y exigirla, rebajándola a una mera formalidad,  un  trámite más.

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