Objetivo Aarhus

 

Transparencia, democracia y justicia ambiental

  “Porque un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permiten: tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a sensibilizar al público respecto de los problemas medioambientales, le dan la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta […] de esta manera se favorece el respeto del principio de la obligación de rendir cuentas y la transparencia del proceso de toma de decisiones y se garantiza un mayor apoyo del público a las decisiones adoptadas sobre el medio ambiente…”

El Convenio  de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la información , la participación del público en la toma de decisiones  y el acceso al a justicia en materia de medio ambiente, hecho en  Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, conocido como Convenio de Aarhus,  parte del siguiente postulado: para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados. (Preámbulo de la Ley 27/2006de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación publica y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y se transponen las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)

Tres son pues los pilares del Convenio de Aarhus :

  1. Derecho de acceso a la información medioambiental.
    Entendido como derecho tanto a buscar y obtener información que esté en poder de las autoridades públicas, como a recibir información ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin necesidad de que medie una petición previa.
  2. Derecho a la participación en la gestión del medio ambiente.
    Contempla el derecho del público a participar en el proceso de toma de decisiones relativas a la autorización de actividades y proyectos, en la aprobación de planes y programas, y en la elaboración de disposiciones de carácter general de rango legal o reglamentario.
  3. Derecho a una tutela judicial efectiva en materia de medio ambiente.
    Garantizar el acceso de los ciudadanos a los tribunales para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el propio Convenio, o para solicitar la revisión de actos y normas que infrinjan la legislación ambiental, es tarea de los poderes públicos, quienes para ello deberán instrumentar las medidas legales y económicas que sean necesarias.

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