No es extraño ver en estos días, en los que la quiebra del estado de derecho se agudiza por la falta de separación de poderes,  cómo proyectos urbanísticos o de infraestructuras ilegales  y contrarios al  pretendido interés público,  al ser cuestionados o anulados por los Tribunales,  finalmente se imponen con la aparente legitimidad de  una ley “ad hoc”. El caso de Barajas es uno de ellos . Lo analizamos en este artículo para alertar sobre el  fraude que esta técnica implica.

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