Frecuentemente  me preguntan cuales son las salidas profesionales para los  que, habiendo cursado estudios de derecho,   quieren especializarse o dedicarse a la práctica  del derecho ambiental porque sienten que algo pueden aportar a la sociedad para resolver los problemas ambientales que todos ya percibimos.  Intentaré dar mi visión,  tras mas de 20 años de dedicación como abogada a la defensa del medio ambiente en España.

La sociedad necesita ahora más que nunca del asesoramiento de  juristas que quieran asumir el reto de implicarse en la solución de los conflictos ambientales, pues esto del medio ambiente es el campo de batalla por excelencia donde, intereses generales (empleo, desarrollo económico, salud, calidad de vida, disfrute de etc),  e intereses particulares,  entran en conflicto.  Y hasta ahora, la humanidad va entendiendo que  solo acudiendo al sometimiento al derecho  , y no al uso de la fuerza, o la imposición del fuerte sobre el débil, podemos (o debemos) solucionar nuestros conflictos como sociedad.

Prueba de ello es la multitud de normas ambientales que se van aprobando a todos los niveles de organización social y política, continuamente, a medida que el incremento de la población, la técnica y el progreso avanzan conflictivamente  hacia un   consumo y deterioro ilimitado de recursos naturales .

No es por falta de normas que no somos capaces de parar el  proceso de deterioro ambiental. ¿Que nos falla?

En España solemos ocupar  año tras año  los mejores puestos  en cuanto a incumplimiento del derecho ambiental europeo según informa la Comisión europea. Esto nos lleva a pensar que  tal vez sea porque  los interlocutores ambientales  (administraciones, empresas, políticos, sociedad civil) o bien lo desconocen   o bien, conociéndolo no lo aplican, porque no se  les pide cuentas. En mi opinión se dan las dos causas y a ello contribuye (no sabemos si como resultado o causa) la escasa presencia del derecho ambiental en el currículo de las facultades de derecho, masters y postgrados.

No me cabe duda que una sociedad y una Administración vigilantes y alertas mejorarían el comportamiento ambiental de todos, empresas y particulares incluidos ,  nos ahorraría muchos costes de todo tipo  ( multas de infracción por la Comisión, costes gestión y depuración, costes   sanitarios,  inversiones en infraestructuras que no sirven o son anuladas por infringir derecho ambiental, etc.); nos permitiría  conservar el patrimonio  natural que todavía tenemos, y con ello un turismo de naturaleza sostenible; generaría  oportunidades de emprendimientos ambientales y nichos de empleo verde (véase energías renovables).  Nada  de esto es posible si no contamos con  asesores y defensores legales en materia de medio ambiente , capaces de trasladar a la sociedad la necesidad urgente de modificar su estilo de vida, de enfrentarse, con el arma legal, a situaciones de contaminación  y coadyuvar con ella en la búsqueda   de soluciones dentro de un marco legal adecuado y eficaz.

Ante esta necesidad y dada la transversalidad del derecho ambiental, los juristas ambientales deberían estar muy solicitados y aparecer  como número uno en las listas de ofertas de empleo, además de estar bien retribuidos por  su esfuerzo y dedicación. Lamentablemente no es  así, y con ello no os quiero desanimar, pues en este ámbito, como en la mayoría, el puesto de trabajo nos lo tenemos que hacer nosotros.

Y con esto paso ya a las salidas profesionales  que unos estudios interdisciplinares de Derecho Ambiental adecuados  podrían ofrecer, para que puedas ir pensando a donde dirigirte a la hora de  generar tu propio puesto de trabajo:

  •  Consultorías y auditorías ambientales que lleven a cabo evaluaciones de impacto ambiental o  asesores en proyectos con efectos ambientales,  como técnico-jurídico. Aquí   colaborarás con otros profesionales (ingenieros, ambientólogos, biólogos, etc)  aportando el “razonamiento” jurídico a la aplicación  del   derecho ambiental,  pues este, pese a ser muy técnico, se inserta en un sistema como es el ordenamiento jurídico,  que afecta a su interpretación y aplicación. Y es que considero  necesaria la  incorporación de juristas ambientales a las consultorías por la seguridad jurídica que aporta al resto del equipo. Y pongo un   ejemplo que he experimentado, al colaborar con  consultoras en calidad a la hora de implantar sistemas de gestión ambiental, uno de cuyos cometidos debería ser aportar seguridad jurídica a los órganos de administración y a las administraciones públicas  sobre el respeto y cumplimiento  del ordenamiento jurídico, especialmente el ambiental. Pues bien, en este ordenamiento jurídico se incluyen las normas de procedimiento y nadie mejor   que un jurista que se ha enfrentado a procedimientos de nulidad de licencias y autorizaciones ambientales por defectos en la evaluación ambiental de los proyectos sabe si las licencias o autorizaciones se corresponden con la realidad o han sido bien otorgadas respetando todas las normas de procedimiento. Y nadie mejor que un jurista puede evaluar  la responsabilidad a la que se puede  enfrentar un equipo redactor de un estudio de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental.
  • Como  mediador ambiental en   conflictos de intereses socio-económico-ambientales. Esta figura del mediador no está todavía arraigada ni siquiera  se contempla en la  legislación sectorial ambiental (  y en otras ramas del derecho tampoco funciona adecuadamente a diferencia de otros países). Creo que  hemos de apostar por esta figura,  como mejor solución a los conflictos que se generan, especialmente  en fase de aprobación de proyectos con impacto ambiental, pero no cabe duda que esta mediación requerirá de todo un equipo, por la complejidad y carácter técnico del derecho ambiental.
  • La docencia,  es  un campo que también se ha de potenciar y desarrollar,  tanto en facultades   ( donde escasea el estudio del derecho ambiental) como  en las aulas o secciones de los Colegios de Abogados,  organizaciones e  instituciones de todo tipo. Es curioso que  en todos los debates o coloquios a los que asisto, relacionados con los problemas ambientales, siempre acabamos concluyendo que “falta educación ambiental” o “eso solo se soluciona con una educación ambiental”.
  • Comunicador o investigador ambiental, difundiendo y divulgando temas específicos del Derecho Ambiental, de diversas formas, en los medios de comunicación tradicional o digital (creación de blog, página web, portal o plataforma virtual, periódicos) o en colaboración con periodistas. Si la educación está reservada a las aulas, la sensibilización y concienciación a la sociedad en general es tarea de los medios de comunicación y no cabe duda que para difundir noticias con rigor es imprescindible conocer el campo del derecho, derecho ambiental en este caso. Aprovecho aquí para   destacar el importante papel que hacen los periodistas de investigación informando y alertando a la sociedad para que se conciencie, demande y exija el cumplimiento de medidas de prevención y evitación de daños ambientales.
  • Trabajar para la Administración Pública (estatal, autonómica, provincial,  local   o  entidades dependientes de la Administración como organismos autónomos). Es  frecuente que veamos en puestos de responsabilidad  o gestión de asuntos ambientales, funcionarios que carecen de formación jurídica ambiental específica, que se la deben ir haciendo por su cuenta a medida que se van enfrentando con los problemas ambientales. Si las administraciones públicas exigieran, formasen o colocasen en dichos puestos a especialistas, se daría un mejor servicio público y las universidades ampliarían la formación en derecho ambiental, en vez de ignorarla.
  • Integración o colaboración con ONGS ambientalistas, asociaciones vecinales, grupos, colectivos y plataformas ciudadanas, en el estudio y  redacción de proyectos, escritos, alegaciones y recursos.
  • Integración en la plantilla de empresas  que lleven a cabo proyectos o actividades con impacto  ambiental.  Las empresas  piensan que con contar con técnicos ambientales  ya han cubierto sus necesidades  de personal para hacer frente a responsabilidades ambientales y no es así. Como he dicho antes, un técnico no podrá nunca garantizar al Consejo de Administración que  la empresa no se va a ver envuelta en un procedimiento sancionador por incumplimiento de la legislación ambiental. Esta garantía solo la puede dar un jurista ambiental, asesorado a su vez por el equipo técnico, desde luego. Tampoco  los técnicos    tienen los conocimientos jurídicos necesarios para la formulación de escritos, recursos, o asesorar en general no solo sobre riesgos de infracción y sus consecuencias, sino también en cuanto a la planificación y  desarrollo empresarial o  la mera interlocución con las administraciones en general.
  • Ejercicio libre de la profesión como abogado ambientalista en despacho individual o colectivo junto a otros compañeros y/o técnicos ambientales. Si es en despacho individual insisto en que es aconsejable la colaboración con otros compañeros y técnicos en materia ambiental u otras materias, dada la complejidad y carácter técnico de este derecho. La incorporación del especialista en derecho ambiental en grandes bufetes ya es una realidad, ahora bien,  para ejercer por tu cuenta como abogado ambientalista solamente, tendrás que echar tiempo y paciencia hasta tener una clientela que te permita vivir solo del derecho ambiental y, sobre todo, deberás no tener inicialmente grandes aspiraciones o necesidades económicas. También tienes  que tener claro si lo que pretendes es ganar dinero o defender el medio ambiente a  través de tu cliente. En el primer caso, procura  que tus clientes  tengan poder adquisitivo alto (empresas, administraciones) porque si  trabajas solo para la sociedad civil  tus ingresos serán escasos durante bastante tiempo.  En este caso te aconsejo  compatibilizarlo con otra área del derecho, ello te permitirá mejores ingresos aunque no puedas dedicar el 100% de tu tiempo al derecho ambiental.

En septiembre de 2016 participé en un mesa redonda en el Colegio de Abogados de Cáceres sobre las oportunidades y retos para el ejercicio profesional de los  abogados  con la intención de incentivar a mis compañeros  a su estudio y dedicación, a hacerse un nicho de trabajo en este área. Al terminar pasamos una encuesta sobre interés en adquirir formación en derecho ambiental. La mayoría dijo estar interesada a la vista de las oportunidades que les plantee y ahora resumo muy escuetamente.

Teniendo en cuenta que el derecho ambiental integra la mayoría de lo que  conocemos como derecho administrativo sectorial, se podría decir que un abogado ambientalista ha de conocer el procedimiento administrativo y contencioso-administrativo, como herramienta procesal imprescindible  y  tener una idea general de todo el derecho sectorial administrativo,  si bien  entrará a profundizar en cada sector a medida que los asuntos se lo requieran. Pero también ha de conocer el procedimiento civil y el penal, pues muchas veces la satisfacción de una pretensión ambiental se puede obtener por distintos medios procesales.

El campo del derecho ambiental es muy amplio y afecta a la mayoría de las empresas y actividades pues hace referencia a las aguas, la agricultura, la atmósfera, calidad del aire y ruido, los residuos, la pesca, la caza, el etiquetado ecológico, el urbanismo, el desarrollo rural, la agricultura, la fiscalidad ambiental, los montes, régimen de la minería, las instalaciones industriales y la seguridad, la evaluación  y la calidad ambiental, la energía, los espacios naturales y la biodiversidad.

En todas estas áreas, el abogado ambientalista  podrá intervenir y asesorar en las siguientes actuaciones:

  • Aplicación del Convenio de Aarhus
  • En peticiones de información, trámite de alegaciones en la aprobación de proyectos y autorizaciones de todo tipo
  • Procedimientos contencioso-administrativos relativos  a   autorizaciones y concesiones
  • Procedimientos penales por daños ambientales
  • Elaboración de normas y reglamentos con contenido ambiental, como pueden ser las ordenanzas municipales.
  • Procedimientos administrativos sancionadores
  • Elaboración de proyectos
  • Demandas civiles por daños ambientales o de cesación

Espero     que os haya sido  de utilidad.

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