Proyecto A2J  EARL sobre Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales

Fuente: IIDMA

ACIMA asistió a la presentación del IIDMA del proyecto LIFE A2J EARL sobre Acceso a la justicia en asuntos ambientales. Un proyecto sumamente interesante y necesario. Sus  objetivos, aunque limitados por los fondos LIFE que lo patrocinan,    pueden aportar   un debate en profundidad sobre la necesidad de informar y formar sobre la aplicación del derecho ambiental, como base al acceso a la justicia en asuntos ambientales, tal y como se evidenció en el debate que hubo tras las ponencias de los presentadores.

 

Ponencias

 

1ª. De Alba Iranzo, abogada del IIDMA

Contexto, principales objetivos y acciones en el ámbito jurídico español

Se trata de un Proyecto Life + financiado por la UE (50%), cuyo periodo de realización es 2017-2020 y está coordinado a nivel europeo por las organizaciones europeas ClientEarth y Justice & Environment. Su ejecución se llevará a cabo por organismos de Derecho Ambiental de 8 Estados miembros de la UE como Alemania o Francia. El IIDMA lo aplicará y ejecutará en España en materias como la legislación y jurisprudencia, amplio acceso efectivo a la justicia ambiental, superación de los obstáculos al acceso a la justicia ambiental mediante la formación.

El proyecto gira en torno al art. 9 del  Convenio de Aarhus,  relativo al acceso a la justicia,  que  es  su tercer pilar.

El proyecto está abierto a la participación de profesionales del mundo jurídico, como pueden ser:

  • CGPJ, Escuela Judicial
  • TS
  • AN
  • De lo Contencioso-Administrativo
  • Abogados ambientalistas
  • Administraciones Públicas (Mapama, Consejerías competentes en materia ambiental de las CCAA)
  • Ministerio de Justicia, Centro de Estudios Jurídicos
  • ONGs de defensa ambiental, privadas y públicas
  • Defensor del Pueblo
  • Colegios de Abogados, Asistencia Jurídica Gratuita
  • Mundo académico

Acciones a desarrollar, entre otras:

  • Promover la formación (abril-mayo 2019)
  • Elaboración de materiales y edición manual (septiembre-octubre 2018)
  • Herramientas: sistemas jurídicos
  • Seminarios online, en inglés
  • Conferencia a nivel de la Unión Europea (2020)
  • Intercambio de información y experiencias a través de una plataforma e-learning Internet interactiva
  • Base de Datos de abogados ambientalistas en activo
  • Boletines informativos mensuales
  • Página web IIDMA
  • Página web ClientEarth

Aunque echamos en falta una referencia a un posible estudio comparado con el tercer pilar del reciente ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE de la ONU 2018, comprendemos que ello tal vez se debió a que las bases de la convocatoria LIFE no lo hacían posible, pero dejamos ahí el apunte para una posible ampliación.

 

2ª. De Dimitry Berberoff, Magistrado del Orden Contencioso-administrativo, Jefe del Gabinete Técnico del TS, perteneciente a la Red de Expertos en Derecho Ambiental.

La tutela judicial ambiental en la UE (ejecución del Derecho ambiental en la práctica judicial: análisis de la doctrina jurisprudencial de interés).

Con el Convenio de Aarhus se habla ya de democracia ambiental y destaca  que al haber sido ratificado por la UE y  por España  es aplicable por el Tribunal de Justicia de la UE y por los Tribunales españoles.

Para conocer sobre la Legitimación activa para intervenir ante los tribunales hay que poner en conexión el art. 9 Convenio de Aarhus, el artículo 21 de la Ley 27/2006 de , de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) y el artículo 19.1.a) y b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Existe ya bastante jurisprudencia   del Tribunal Suprema sobre legitimación de asociaciones, incluso en el procedimiento sancionador.

Medidas cautelares. Se aplica el régimen general de la Ley 29/1998 de la JCA sin ninguna especialidad en materia de medio ambiente.

La asistencia jurídica gratuita que contempla el artículo 23 de la Ley 27/2006 se remite  a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita en cuanto  a cuestiones  formales según expresión “en los términos”, es decir,  a efectos procedimentales, pero no en cuanto a los requisitos para acceder a la justicia, por entender que estos son los que contempla el artículo 23 de la Ley 27/2006. No obstante, sobre esta interpretación no existe jurisprudencia unánime en los tribunales. Destaca las sentencias del TJ UE de 15 de marzo de 2018, de 8 noviembre de 2016 y de 20 diciembre de 2017.

Hay que tener en consideración  que el Convenio de Aarhus forma parte del ordenamiento jurídico europeo, y que en la interpretación judicial del derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales se ha de tener en cuenta el efecto directo en los ordenamientos jurídicos nacionales,  aunque no exista una norma procedimental europea sobre el acceso a la justicia. Las garantías procesales derivan del propio Convenio de Aarhus y los tribunales de los Estados miembros están obligados a interpretar conforme al Convenio de Aarhus y enlazarlo a su vez con los arts. 47 y 51 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE en materia de acceso a la justicia.

 

3ª. De Ana Barreira (miembro de la UICN, abogada ambientalista, directora del IIDMA) coordinadora del proyecto en España

 “El acceso a la Justicia en asuntos ambientales: régimen jurídico y su aplicación en España

Parte del Capítulo 16 de los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) relativo a la Paz, Justicia e Instituciones Fuertes.

Destaca la profusión de convenios, normas, políticas…que establecen instrumentos para ejercer la acción ante los tribunales en asuntos ambientales, si bien solo con la eficacia y la efectividad se consigue el objetivo de la norma en la protección ambiental, lo cual a su vez depende de la aplicación correcta de las normas, y en definitiva el goce de los derechos constitucionales vinculados a un medio ambiente sano.

También resalta el principio 10 de la Cumbre de Río, que busca asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras, del que emana el Acuerdo Regional de Latinoamérica y el Caribe  sobre el acceso a los derechos recogidos en el principio 10 de Río (CEPAL)

Se lamenta de que todavía no tengamos una directiva específica del tercer pilar, sobre acceso a la justicia en la Unión europea, aunque sí hubo una Propuesta de Directiva de acceso a la justicia del año 2003.

Hace hincapié en el art. 9 puntos 3, 4 y 5  del Convenio de Aarhus, cuyo fin es acabar con los óbices al acceso a la justicia ambiental como es el coste, la dilatación, y falta de medidas efectivas en los procedimientos administrativos y judiciales (“justicia retardada, justicia denegada”).

Las directivas como son la de Emisiones Industriales, la de Evaluación de Impacto Ambiental  y la de la Responsabilidad Ambiental, ofrecen posibilidades de recursos ante los Tribunales. El art.9.3 del Convenio de Aarhus abre las vías administrativa y judicial con arreglo al artículo 19 de la LJCA. Se puede solicitar la Asistencia Jurídica Gratuita (art. 23 ley 27/06). También se puede pedir información ambiental del expediente administrativo,  pero, no obstante, hay una falta de conocimiento del Convenio de Aarhus en otros órganos de la Administración Pública. Según la LJC-A, las administraciones púbicas deben remitir el expediente administrativo con rapidez, aunque no siempre se cumple.

Asistencia jurídica gratuita. Pone el ejemplo de una asociación de Almendralejo que acudió al Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus por habérsele negado el  acceso a la justicia ambiental eficaz. Como resultado de su queja, la Conferencia de las Partes del Convenio de Aarhus de 2011 tomó una Decisión por la que el Comité de Cumplimiento hizo una llamada de atención a España en relación al incumplimiento del art. 9.4 y 5.

Todavía quedan obstáculos que impiden avanzar: a) en cuanto al acceso a la justicia gratuita debe aplicarse de conformidad al Convenio Aarhus y, por tanto, dar acceso a las asociaciones, ONGs pequeñas. Y b) en cuanto a la formación de las autoridades competentes, de la Comisión de  justicia gratuita de los Colegios de Abogados, de los propios abogados, de los fiscales, de los jueces y magistrados…

4ª. De Gabriel Real, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante y director del doctorado y máster en derecho ambiental de la Universidad de Alicante

Educación y Derecho Ambiental en España: retos y oportunidades

Destaca como pionero en la materia a Ramón Martín Mateo con su Tratado de Derecho Ambiental de 1972.

Relata el tratamiento del derecho ambiental en la   universidad hasta 1992 en el área del Derecho Administrativo, en el curso 3º, en cuanto a las Bases constitucionales, la actuación transparente de la Administración y 4º sobre el Dominio público, bienes naturales: aguas continentales y marítimas, costas, montes y minas.

Con posterioridad, destaca 2 hitos que han propiciado el destierro de esta materia en la facultad de derecho: a) el Derecho ambiental no está en las aulas, pese a que un abogado tiene que saber Derecho ambiental antes que otras materias, como por ejemplo la enfiteusis y ello se debe al gran peso del derecho civil. b) la implementación del Plan Bolonia 2004, muy criticado, impone materias troncales o comunes, obligatorias y optativas. El Derecho ambiental es un tema de Grado con lo que ni es troncal para el Ministerio de Educación ni obligatoria para las Universidades, cuando todo el Derecho tiene una perspectiva ambiental o dicho de otra manera, el Derecho ambiental es transversal, una nueva mirada del Derecho.

Diversas Universidades ofrecen formación en Derecho ambiental a través de cursos, máster, magister…oficiales. Pero el problema es que no hay demanda, por razones del propio sistema.  Por ej. si el alumno tiene que prepararse para el acceso a la abogacía, no tomará  el máster o el curso de Derecho ambiental .

Señala que en la Universidad de Alicante ha habido solo una edición del Doctorado en Derecho Administrativo ambiental en 1989, por no haber demanda y otro en Aplicación del Derecho ambiental por las Instituciones europeas. Con el movimiento global de Río 92, se ofreció un Doctorado Internacional en 1993.

El primer máster de Derecho ambiental que hizo la Universidad de Alicante solo tuvo 4 ó 5 alumnos españoles. Para sostener el master de la Universidad de Alicante se ha celebrado un convenio con una Universidad brasileña de Santa Catarina, donde se realiza una parte allí y otra en España. Ello garantiza la asistencia de al menos 20 alumnos brasileños, dado que las Universidades brasileñas muestran más interés ¿Y por qué ese interés en ser doctor? porque por ejemplo para un magistrado o juez tener este master le comportará una retribución mayor o la posibilidad de ascender en el escalafón, a diferencia del régimen español, que solo prima económicamente el número de sentencias que pone una juez. En definitiva  el sistema de enseñanza brasileño estimula a formarse, a hacer un grado, posgrado y doctorado porque todo el sistema se implica en lograr la mejor formación posible.

Tras las referidas intervenciones se produjo un interesante debate entre los distintos profesionales del ámbito jurídico, de cuyas intervenciones salieron a relucir determinados retos y obstáculos que conlleva garantizar un amplio acceso a la justicia ambiental eficaz, y entre ellas destaca la necesidad de una mayor formación de todos los actores; estas son algunas de las intervenciones:

  1. Funcionaria de la Administración Valenciana, inspección ambiental, se queja de la falta de formación para el desempeño del cargo que tuvo que asumir, debiéndose buscar ella por sus medios esa formación.
  2. Mariano Reaño, abogado ambientalista de Rada: comenta que las condenas en costas del procedimiento judicial, son un verdadero freno.
  3. Representante del Defensor del Pueblo de la Junta de Andalucía ratifica que a las ONGs las administraciones le ponen cortapisas a la hora del acceso a la información ambiental.
  4. Abogada de Adena: señala como impedimento de acceso a la justicia la tardanza en la remisión del expediente administrativo, los problemas de ejecución de sentencia
  5. Abogada ambientalista de Rada y Seo/BirdLife: da la enhorabuena al IIDMA por la consecución de un proyecto Life + con la complicado que resulta que te aprueben un proyecto de Derecho Ambiental y pregunta si este proyecto va a tener en cuenta ciertos aliados como pueden ser el Ministerio Fiscal o el SEPRONA (alaba la labor de los miembros de este cuerpo de protección de la naturaleza). Tras sus 35 años de experiencia destaca que lo que más enseña y facilita el acceso a la justicia es una buena sentencia en derecho de acceso a la información ambiental; que hay que ir al formato de clínicas jurídicas-ambientales donde se traten casos reales y es partidaria de pleitear para sacar sentencias que consoliden la jurisprudencia y se produzcan cambios.
  • Ana Barreira, abogada del IIDMA contesta que se trata de un proyecto que está dentro de la categoría de la Comunicación ambiental de los proyectos LIFE, por eso el tema de litigar no es parte del proyecto y Alba Iranzo, abogada del IIDMA, añade no es partidaria de litigar, sí de prevenir, pues hay algunos cauces para evitar litigios. No obstante, Ana Barreira añade que el proyecto está abierto a partícipes que aporten ideas o propuestas sobre las 5 cuestiones que son objeto del proyecto en materia de acceso a la justicia en asuntos ambientales.

 

  1. María Ángeles López Lax, abogada ambientalista de ACIMA y de RADA: hace hincapié en la necesidad de un Turno de Oficio especializado dentro del sistema justicia gratuita. También es perentorio el reconocimiento y consideración en materia retributiva de los abogados ambientalistas, para que estos puedan dedicarse de pleno a la defensa legal del medio ambiente y vivir dignamente de ello. Sin ese reconcomiendo previo ni habrá interés en las universidades en enseñar derecho ambiental, ni en los colegios de abogados en crear turnos de oficio ambientales, ni habrá sentencias ejemplares en los tribunales porque no habrá abogados que lleven estos asuntos, ni habrá fiscales ni jueces especializados en derecho ambiental que puedan dictar sentencias ejemplares que obliguen a una aplicación del derecho ambiental por las administraciones públicas. Ana Barreira responde a ello que el turno de oficio no es un objetivo del proyecto y nada pueden hacer al respecto.
  2. Subdirector de la Escuela Judicial del Ministerio de Justicia señala la urgencia en subvenir a esa falta de formación ambiental en jueces y magistrados  por ejemplo, mediante convenios de colaboración con las universidades ya desde los propios cursos de formación de jueces. Preguntado por Ana Barreira sobre la utilidad de un tribunal especial en derecho ambiental, responde que está fuera de lugar hoy día dada la escasa relevancia de asuntos ambientales que llegan a los tribunales.
  3. Guillermo Martínez, autor de la Tesis Doctoral sobre el acceso a la justicia ambiental: afirma que las mismas Instituciones europeas incumplen el Convenio de Aarhus. Ana Barreira responde sobre la necesidad de cambiar la jurisprudencia. En ACIMA pensamos que lo que habría que cambiar es el REGLAMENTO   No 1367/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de septiembre de 2006 relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente

 

  1. Mariano Reaño, miembro de RADA, señala que el Comité de Cumplimiento de Aarhus es un órgano administrativo, sus decisiones no son vinculantes.
  2. Funcionario del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra: manifiesta que en la Universidad de Navarra existe una asignatura optativa de Derecho ambiental.
  3. Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, Madrid indica que en el curso de especialización en materias contenciosas-administrativas solo hay dos temas dedicados al Derecho ambiental. Es preciso ir a la formación y que figure en la programación anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).  Gabriel Real añade que  el Consejo General del Poder Judicial ofrece becas retribuidas para la realización de másteres y doctorados.

 

 

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