El pasado viernes 18 de junio, Cuatro emitió un reportaje muy bueno sobre infraestructuras y el uso o abandono posterior que han sufrido una vez que se acaban los fastos de las inauguraciones. A la pregunta sobre la necesidad de su construccion añado algunas reflexiones.

Todos podríamos añadir ejeamplos a la lista que nos da la Cuatro sobre el despilfarro de recursos públicos a la hora de llevar a cabo proyectos de construcción,  un cáncer de nuestra sociedad opulenta, agravado  en España por la falta de planficación , control y transparencia de nuestras Administraciones.

 La utilidad o necesidad de la obra,  es lo primero que  solemos alegar  los ciudadanos en los trámites de información pública de las evaluaciones de impacto ambiental de grandes obras o proyectos, pero de poco sirve, porque  en esta fase de mero proyecto, el papel lo aguanta todo y el procedimiento es muy poco, por no decir nada exigente a este respecto. No hace falta aportar estudios, ni de mercado, ni de plan de negocio, que justifique la más mínima relación coste beneficio  del proyecto, en un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previo a la  aprobación de la obra,  pues esta justificación sólo se exige, sorprendentemente, en cuanto a  las medidas correctoras del impacto ambiental que va a producir la obra o la actividad a la que dará origen.

El planteamiento  de la opción cero, la de no realizar la obra, sólo se exige en el procedimiento de Evaluación Embiental Estratégica de Planes y Programas, pero no para los proyectos de obras.  Se supone que el promotor, ya sea público o privado,  por la cuenta que le trae, ya ha valorado la rentabilidad de su negocio o inversión, es decir, simplemente se le presume la utilidad y necesidad de la obra o actuación.

Es sólo cuando la obra está terminada y pasa el tiempo  que  caemos en la cuenta y sacamos artículos o programas como estos, con algunas conclusiones sobre la no necesidad de la obra.

 Aun así, si quisiéramos exigir responsabilidades, siempre se podrá alegar por los responsables de estas decisiones que las circunstancias cambiaron y eso no era previsible y finalmente, como suelen ser obras de gran envergadura, el Estado acabará haciéndose cargo, de forma directa o indirecta, de tapar el agujero, como ha sucedido con la ampliación del Barajas o el aeropuerto de Ciudad Real, por poner ejemplos que me son más próximos.

Exigir el acceso a la información sobre los datos económicos  que justificaron el proyecto, está respaldado por la Ley 27/2006 de 18 de Julio sobre el acceso a la información ambiental, siempre que estos proyectos tengan repercusiones sobre el estado del medio ambiente. Es ya nuestra responsabilidad ejercer ese derecho/deber de conocer   sobre el estado del medio ambiente y la causa de su deterioro, pues no cabe duda que preguntando ya se ejerce un control de las actuaciones públicas.

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