La manipulación de la información del Ministro Sr. Blanco en su exposición ante el Congrso sobre la necesidad de modificar la Ley de Navegación Aéra y los pactos entre partidos, impiden que congresistas y la opinión pública rechazen un modificación legislativa que atenta contra derechos fundamentales   e  intereses públicos de primer orden.

El pasado 4 de Diciembre, el Gobierno envió al Congreso una iniciativa legislativa para modificar la actual Ley de Navegación Aérea, mediante la cual se  quiere imponer el deber de soportar los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales generados por la navegación aérea, eliminando el derecho de los posibles afectados a ser  indemnizados,  obligación que será de aplicación tanto a las situaciones actuales, como a las anteriores, aunque tuvieran reconocidos derechos por los Tribunales.

Sin embargo el Ministro de Fomento, Sr. Blanco, en la exposición que hizo ante los medios y las Cortes, al presentar esta reforma,  ocultó  la  finalidad descrita, tal vez  por su ilegalidad – contraría los artículo 9.3,  33.3 y 106.2 de la Constitución, entre  otras normas –  haciendo ver  que era la mejor forma de solucionar la actual situación de contaminación acústica e  inseguridad jurídica de los afectados por los aeropuertos,  pues,  a cambio, se obligaba al Gobierno a establecer servidumbres acústicas,  con lo que, decía, se adelantaba  en 10 años la fecha que para ello establecía la actual Ley del Ruido, lo cual  es falso, como se puede ver en la Directiva de Ruido, Ley del Ruido y Reglamentos de desarrollo. De esta manera, dice el texto propuesto, se logrará el equilibrio  ponderado entre intereses particulares de los que han de soportar el ruido y demás impactos ambientales y  los generales de la aviación, dada la importancia del transporte aéreo para la economía nacional y su especial contribución a nuestra principal fuente de ingresos, el turismo, pues con ello las compañías también tendrían un marco jurídico claro que permitiría el desarrollo del transporte aéreo sin mayores trabas.

La memoria que acompaña al texto propuesto es más explícita, dice que, de no llevarse a cabo esta reforma, no se podrá parar la cascada de demandas han seguido a la Sentencia del Tribunal Supremo sobre derechos fundamentales de  vecinos de la urbanización de Santo Domingo – cuya ejecución implica la obligación de reducir a la mitad el número de operaciones en una de sus 4 pistas del aeropuerto de Barajas – lo cual pondría en peligro la operatividad del aeropuerto de Barajas y por ende, la del resto de los aeropuertos.

Lamentablemente y pese a la falsedad de muchas de las afirmaciones de esta memoria  justificativa de la reforma (no tanto por lo que dice sino por lo que calla)  la opinión pública, en base a la confianza legítima en nuestro poderes públicos, se ha quedado con  el  mensaje del Gobierno y rápidamente ha visto la necesidad de la reforma legal, so pena de quedarse sin vuelos baratos o vacaciones.

Si a cualquier ciudadano medio se le podría perdonar la falta de criterio para valorar la veracidad de las manifestaciones del Ministro y el acierto de la  reforma, a pesar de  la simpleza de su enunciado (¿Cómo es que un Tribunal puede paralizar un aeropuerto? ¿porqué reducir los vuelos sobre una pista puede cerrar un aeropuerto que dispone de 4 pistas infrautilizadas?)   no podemos entender cómo nuestros representantes en la Cortes  el  pasado 11 de febrero, han votado mayoritariamente en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por muchos grupos, pues   información, formación y asesoramiento no les ha faltado.

Estimados parlamentarios, no se engañen, el agujero de AENA de 12.000 millones de euros no se va a solucionar imponiendo el deber de soportar el ruido y  sobrevuelos a  unos pocos o muchos ciudadanos, sino exigiendo responsabilidades personales, civiles o penales, pero en todo caso  reales, a los responsable de dicho agujero, pues en AENA, como sucede con el resto de las sociedades anónimas, sus administradores deben responder de los daños patrimoniales o a terceros ocasionados por su gestión negligente o culposa.

Y de poco sirven resoluciones como la adoptada el 20 de marzo por la Comisión Mixta de las Cortes para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el informe de fiscalización de las actuaciones de AENA  en el desarrollo del Plan Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas ( en el que ya  se dan muestras más que evidentes y alarmantes de la mala gestión de las obras de ampliación del aeropuerto) si tras dicha resolución el Parlamento no  exige a AENA el cumplimiento de sus requerimientos (cumplimiento de la legalidad, transparencia y concurrencia en las contrataciones y concesiones, valoración de amortizaciones y activos conforme a criterios acordes con la realidad de su vida útil y obsolescencia, adecuada planificación de las obras, correcta identificación de los gastos, información adecuada para la gestión del inmovilizado, cumplimiento de plazos contractuales, contabilidad analítica que permita  una correcta asignación de movimientos económico-financieros a cada aeropuerto, y un largo etc)

Tampoco se llamen a engaño si piensan que con la reforma propuesta por el Gobierno, mas o menos edulcorada con comisiones mixtas  y paritarias en aeropuertos y plazos de gracia servidumbres acústicas, están resolviendo un conflicto entre el interés general de la navegación aérea y el interés particular de los afectados,  pues antes bien parece que el conflicto se halla  entre:  el interés público  de la seguridad jurídica – que sólo puede aportar una reforma  sensata, coherente y sistémica de la obsoleta y desarticulada normativa de navegación aérea-  y el interés de Iberia y British Airways en incrementar los vuelos de Barajas sin limitaciones ambientales;  entre el interés público de preservación  del medio ambiente y los intereses inmobiliarios (¿políticos?) que  subyacen en el desarrollo insostenible de infraestructuras, que no se justifican; entre el interés público del control del  Gobierno por las Cortes y el interés del gobierno de librarse de  rendir cuentas; entre el interés público de los ciudadanos en participar en la gestión de los asuntos públicos a través de sus representantes parlamentarios  y los intereses partidistas del momento, pues está claro que si bien muchos de VDs. a nivel personal hubieran votado a favor las enmiendas a la totalidad, (así lo reflejan incluso sus enmiendas) los pactos de último momento entre sus partidos  han propiciado el cambio de su voto.

Sabemos de la inutilidad de nuestros argumentos frente a un pacto entre partidos, pues ese “hoy por ti mañana por mí” es la regla que determina la política  ramplona y cicatera que padecemos – máxime en este caso, en el que ambos partidos mayoritarios comparten responsabilidades -,  pero ello no impide que ejercitemos el derecho a manifestar libre y públicamente lo que su actuación en este tema nos parece, a buen seguro que muchos ciudadanos, afectados de igual forma y hartos de este mal hacer generalizado en gestión de los intereses públicos y la dilapidación sin control de los fondos públicos, se sumarán a nuestra voz  porque entenderán que sólo unidos, podremos hacer realidad esa máxima  de nuestra Constitución  de que la justicia emana del  pueblo.

¡Comparte!