El Convenio de Aarhus, parte del siguiente postulado: para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados. (Preámbulo de la Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación publica y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y se transponen las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/C.

Tres son pues los pilares del Convenio de Aarhus y de la Ley 27/2006:

1. Derecho de acceso a la información medioambiental.
   Entendido como derecho tanto a buscar y obtener información que esté en poder de las autoridades públicas, como a recibir información ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin necesidad de que medie una petición previa.
   
   
2. Derecho a la participación en la gestión del medio ambiente.
   Contempla el derecho del público a participar en el proceso de toma de decisiones relativas a la autorización de actividades y proyectos, en la aprobación de planes y programas, y en la elaboración de disposiciones de carácter general de rango legal o reglamentario.
   
   
3. Derecho a una tutela judicial efectiva en materia de medio ambiente.
   Garantizar el acceso de los ciudadanos a los tribunales para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el propio Convenio, o para solicitar la revisión de actos y normas que infrinjan la legislación ambiental, es tarea de los poderes públicos, quienes para ello deberán instrumentar las medidas legales y económicas que sean necesarias.